Política de Protección de los Denunciantes de Irregularidades

El OIEA ha establecido una Política de Protección de los Denunciantes de Irregularidades para facilitar que se puedan denunciar de manera confidencial presuntos casos de fraude, corrupción o conducta indebida y proteger a los denunciantes de modo que no se divulgue su identidad ni sufran represalias.

Todo funcionario que posea información que apunte a un posible caso de fraude, corrupción o conducta indebida está obligado a notificarla. Si la persona que posee dicha información no es un funcionario, se la insta a que la notifique. Si bien se alienta a los denunciantes a que incluyan sus datos de contacto (nombre, dirección y/o número de teléfono) por si fuera necesario recopilar información o aclaraciones adicionales, también pueden optar por mantenerse en el anonimato. En cualquier caso, se preserva la confidencialidad de la identidad de los denunciantes internos y externos. Los funcionarios que notifiquen conductas indebidas o cooperen en auditorías e investigaciones tienen derecho a protección frente a las represalias, y están amparados en este sentido por una función de Ética independiente.

La denuncia presentada debe ser lo más detallada posible:

• ¿Qué sucedió?
• ¿Quién estuvo implicado?
• ¿Dónde sucedió?
• ¿Cuándo sucedió?