Seguridad física

La responsabilidad de la seguridad física nuclear incumbe por completo a cada Estado. No obstante, algunos Estados no se han adherido a los instrumentos pertinentes o no les han dado aplicación efectiva a través de sus marcos jurídicos y reguladores nacionales. Esta situación deja unos huecos en el sistema mundial que pueden ser aprovechados por elementos terroristas o criminales.

La adhesión universal a los instrumentos pertinentes, la armonización de los marcos jurídicos y reguladores nacionales y la aplicación efectiva de las medidas correspondientes pueden ser una importante contribución a la lucha contra el terrorismo nuclear. El OIEA procura informar y asesorar a los Estados sobre los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y alienta la adhesión a estos y su aplicación.

No existe un único instrumento internacional que aborde la seguridad física nuclear de forma exhaustiva. El marco regulador internacional de seguridad física nuclear se basa principalmente en la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (CPFMN) y su Enmienda; el Código de Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas (Código de Conducta) y sus Directrices sobre la Importación y Exportación de Fuentes Radiactivas; los acuerdos de salvaguardias y sus protocolos adicionales; el Convenio sobre el Terrorismo Nuclear, y las resoluciones 1540 y 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La CPFMN y su Enmienda son los únicos instrumentos jurídicamente vinculantes a escala internacional en la esfera de la protección física de los materiales nucleares. Establecen medidas relativas a la prevención, la detección y el castigo de delitos relacionados con material nuclear durante el transporte internacional.

En el Código de Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas y sus Directrices sobre la Importación y Exportación de Fuentes Radiactivas, los Estados se comprometen a reforzar la seguridad tecnológica y física de las fuentes radiactivas instaurando controles eficaces y a garantizar la detección oportuna del robo, la pérdida o el uso o retirada no autorizados de fuentes radiactivas, así como la protección contra tales actos.

Los requisitos para la contabilidad y control de los materiales nucleares y el establecimiento de los sistemas conexos que se enuncian en los acuerdos de salvaguardias y en sus protocolos adicionales son un elemento importante de la infraestructura internacional de seguridad física nuclear. El objetivo de las salvaguardias es descubrir prontamente la desviación de cantidades significativas de material nuclear de actividades nucleares pacíficas hacia la fabricación de armas nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos o con fines desconocidos, y disuadir de tal desviación ante el riesgo de su pronto descubrimiento. Con respecto a la seguridad física nuclear, los objetivos del sistema de protección física del Estado deberían consistir en establecer las condiciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de retirada no autorizada de materiales nucleares o de sabotaje.

El Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear se abrió a la firma el 14 de septiembre de 2005. En él se detallan los delitos asociados a la posesión y uso ilícito e intencional de material radiactivo o un dispositivo radiactivo, así como al uso de instalaciones nucleares o a los daños causados a estas. El Convenio entró en vigor en julio de 2007.

Las resoluciones 1373 (2001) y 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordan, entre otras cuestiones, la amenaza del terrorismo nuclear y la proliferación nuclear, y hacen un llamamiento a la cooperación nacional, regional e internacional para fortalecer la respuesta mundial a estos desafíos y amenazas para la seguridad internacional.